El nuevo decreto del Gobierno trae ayudas directas para el transporte y flexibilidad en tus recibos de luz y gas, pero esconde una letra pequeña letal: el despido nulo. Te explicamos los riesgos del RDL 7/2026.
El texto está lleno de buenas intenciones y titulares sobre ayudas al transporte o el bono social, pero contiene una trampa laboral en su artículo 62 que puede paralizar por completo la reestructuración de tu plantilla. Te traducimos lo que de verdad importa para tu empresa.
1. La parte buena: Flexibilidad operativa y liquidez
Antes de entrar en las prohibiciones, la norma trae un balón de oxígeno para la tesorería de pymes y autónomos hasta el 31 de diciembre de 2026:
- Recibos a la carta: Podrás modificar la potencia de tu contrato eléctrico o el caudal de gas natural de tu empresa con mucha más flexibilidad, e incluso suspender temporalmente el contrato de gas sin coste.
- Inyección al transporte y sector primario: Se abre una línea de reavales de 2.000 millones, ayudas directas de 0,20 €/litro de gasóleo para transportistas y financiación extra a través del ICO.
2. La trampa laboral: El despido nulo
Aquí está el verdadero peligro. Si tu empresa decide solicitar y beneficiarse de estas ayudas directas, pierdes el derecho a despedir alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (despido objetivo) derivadas del coste energético, al menos hasta el 30 de junio de 2026. Tampoco podrás usar la figura de la fuerza mayor.
¿Qué pasa si despides a alguien por estos motivos habiendo cobrado la ayuda? El juez no solo te obligará a devolver todo el dinero de la subvención, sino que declarará el despido nulo. Esto significa readmitir al trabajador y pagarle todos los salarios de tramitación. Esta prohibición aplica también a los fijos-discontinuos (no podrás justificar la falta de llamamiento por la crisis energética).
3. El reloj se acelera para las empresas grandes
Si tu empresa tiene más de 200 trabajadores (o un centro de trabajo con más de 100 empleados por turno), la norma te da un toque de atención. El plazo para implantar obligatoriamente un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo se reduce drásticamente de 24 a 12 meses. Si estás obligado a tener este plan, no lo haces, y encima cobras ayudas directas de este decreto, Hacienda te obligará a reintegrar el dinero.
Antes de pedir cualquier ayuda o bonificación estatal, es vital hacer números. A veces, atarte de manos a nivel laboral sale mucho más caro que la propia subvención que recibes.
Si estás valorando solicitar estas ayudas o necesitas reestructurar tu plantilla y temes las consecuencias legales, en Asesoría Danalo podemos ayudarte a trazar la estrategia más segura.