Los economistas piden mayores quitas para las deudas de los autónomos con Hacienda o Seguridad Social

Hace cuatro meses que entró en vigor la nueva Ley Concursal que amplía las exoneraciones de deudas con Hacienda y Seguridad Social a las que pueden acceder los autónomos. A pesar de ello, para los economistas son insuficientes y piden que se aumente la cuantía.

A menos de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, el Registro de Economistas Forenses REFOR –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas– ha organizado una jornada de debate sobre una de las cuestiones más controvertidas de dicha ley: el crédito público. En ella han participado varios grupos de expertos de diferentes ámbitos (Abogacía del Estado, representante de las empresas, universidad-doctrina, sector financiero y administración concursal) para que se posicionen en relación con el tratamiento de la deuda pública en situaciones de insolvencia.

Desde la entrada en vigor de esta ley, los autónomos pueden acceder a exoneraciones de hasta 10.000 euros de sus deudas contraídas con la Seguridad Social y otros 10.000 euros de sus obligaciones con Hacienda. Estas cuantías de exención de deuda pública son las únicas que están limitadas, ya que los trabajadores por cuenta propia pueden pactar exoneraciones con sus acreedores de cualquier cantidad bajo el paraguas de la ley de segunda oportunidad.

Durante la inauguración, el presidente del REFOR, Miguel Romero, ha demandado una nueva reforma concursal que contemple una mayor exoneración del crédito público en los casos de segunda oportunidad. Para este órgano especializado en insolvencias del Consejo General de Economistas, estas cantidades deberían ampliarse en línea con lo establecido en la nueva Directiva de Insolvencia, que podría aprobarse en mayo y en cuyo artículo 56 se incluye una mayor exención del crédito público en los casos de segunda oportunidad para emprendedores de menor dimensión, al objeto de facilitar la reestructuración de las pymes.

Los economistas piden mayores exoneraciones de deudas públicas para los autónomos

Según cálculos del REFOR, estos negocios acaparan el 70% de los concursos de acreedores en nuestro país y sus deudas con la Administración representan un importante porcentaje del pasivo. Para Romero, “hay que seguir avanzando en una mayor flexibilidad y exoneración del crédito público. Un tratamiento más flexible permitiría su utilización como instrumento de política de apoyo a la reestructuración empresarial”.

También para el director del Departamento Legal de la CEOE, José María Campos, la reforma concursal consolida la sobreprotección del crédito público en perjuicio del deudor y del resto de acreedores y «limita la posibilidad de que autónomos y pymes, que han cumplido con su deber legal y de diligencia en el marco del concurso, tengan una verdadera segunda oportunidad, tal y como pretende la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y es deseable en un sistema concursal moderno”.

Por ello, según Campos, “sería deseable que el legislador diera idéntico tratamiento al crédito público que al resto de acreedores, tal y como se desprende de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y aconsejan el FMI o el Banco Mundial. Eliminar la sobreprotección de los créditos de derecho público supone beneficiar la eficiencia económica y la conservación de puestos de trabajo. De esta forma, entidades concursadas tendrán mayores posibilidades de evitar la liquidación, los deudores responsables dispondrán de una verdadera segunda oportunidad y los acreedores tendrán mayores probabilidades de cobrar sus créditos para continuar generando riqueza y puestos de trabajo”.

También solicitan que se utilicen los créditos ICO para la reestructuración de empresas

En el debate también se abordaron otros temas polémicos como la importancia de los créditos ICO y las dificultades que están teniendo muchos negocios para reestructurar sus deudas y poder hacer frente a sus obligaciones. En este sentido, Xavier Domènech, vocal del Consejo Directivo del REFOR, hizo hincapié en la importancia que tuvieron los créditos ICO para inyectar liquidez a las empresas en el período más delicado de la crisis producida por el Covid, evitando la destrucción de muchas de ellas.

A pesar de todo, según Domènech, “en estos momentos este tipo de crédito debería utilizarse para facilitar la reestructuración de la empresa –obviamente, no para empresas `zombi´–, y la nueva redacción dada a la Disposición Adicional Octava de la Ley Concursal en el RD-ley 20/22 parece abrir una vía en este sentido, si bien se mantienen algunas dudas”. 



FUENTE: AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDOR.ES