Algunas listas de espera en juzgados mercantiles superan los cuatro años

Aragón quiere que la mediación sea una pieza clave en el desarrollo del tejido empresarial de la región. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) planea en 2022 poner en marcha la figura del mediador de emprendimiento, un profesional que facilitará acuerdos y resolverá conflictos que puedan surgir en el proceso de lanzamiento de una nueva empresa.

El objetivo de la medida es evitar que los emprendedores tengan que acudir a los tribunales para dirimir posibles roces legales y así garantizar la supervivencia de sus proyectos. El mediador de emprendimiento se perfila como “un catalizador de acuerdos que permite salvaguardar la actividad empresarial”, explica Pilar Molinero, gerente del IAF.

La apuesta aragonesa por la mediación, pionera a nivel nacional, aterriza en un momento de colapso judicial agravado por la crisis de la pandemia. Los expertos consultados por este medio creen que la resolución alternativa de conflictos puede ser una puerta de desagüe para el torrente de disputas civiles que cada año llegan a los despachos de los jueces.

Sólo en 2020, año del parón judicial, ingresaron 2,2 millones de nuevos asuntos en el orden civil. El tsunami de litigios engorda las listas de espera. Según los últimos datos del Poder Judicial, algunos juzgados de lo mercantil tardan más de cuatro años en resolver un pleito por un concurso de acreedores.

La solución en el sector del emprendimiento, afirma Molinero, pasa por actuar “antes incluso de que se produzca un conflicto explícito, incidiendo sobre aspectos estratégicos, reforzando la visión del proyecto, focalizando su actuación sobre la iniciativa y el empleo”.

Para conseguirlo, el IAF ya cuenta con un registro oficial de mediadores de emprendimiento. Prestarán asesoramiento gratuito “a los emprendedores que lo necesiten de manera opcional (no obligatoria), previo estudio de su caso”. La primera promoción de estos mediadores, compuesta por 30 profesionales formados en el IAF, ya están listos para prestar asesoramiento.

Avances

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, llamada a cambiar la cultura de resolución de conflictos entre ciudadanos, los avances en la materia son tímidos. España sigue siendo un país que lima sus diferencias en los juzgados. “Comparada con los tribunales anglosajones, la mediación en el ámbito mercantil está pendiente de desarrollarse”, señala Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores.

Una gran ventaja de esta vía, apunta la experta, es la rapidez. “Los que más utilizan la mediación son grandes despachos con conflictos entre empresas españolas y extranjeras”, porque ofrece “una solución mucho más rápida y satisfactoria”, señala Criado.

Diálogo

Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación, coincide en que la mediación puede “traer soluciones en pocos meses” a disputas empresariales que en la justicia ordinaria pueden tomarse años. En especial ante el inminente fin de la moratoria concursal, lo que se espera que ocurra en junio y que a todas luces incrementará la carga de trabajo judicial.

Otro punto a favor de los mediadores, defiende Catalá, es que estimulan la cultura del diálogo frente a la confrontación históricamente ligada a los juicios. El espíritu del proceso radica en encontrar una “solución intermedia” para los implicados, por encima de imponer “una condena para una de las partes”.

Nueva ley

El ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, planea apuntalar la figura de la mediación en España con la Ley de Eficiencia Procesal, una de las tres patas del programa Justicia 2030. De aprobarse, según su actual redacción, el ciudadano que quiera acudir a tribunales por un asunto civil (esto es, los conflictos entre personas que no son delitos, por ejemplo, una herencia) deberá acreditar que ha intentado solucionar el roce por una vía amistosa, como requisito previo a la vía judicial.

Los expertos consultados definen este cambio como esencial. Catalá valora el anteproyecto de forma “muy positiva” y lo cataloga como una ley “sin ideología”. Confía que pueda ser aprobada con “una gran mayoría de los votos de las cámaras legislativas” porque, resalta, “viene a mejorar el sistema procesal y a agilizar los plazos”.

Por su parte, Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, se suma a la esperanza de que la nueva ley traiga un impulso a la mediación. Esta vía, defiende, es más rápida, cercana y barata, al suprimir “tasas judiciales o la posible condena en costas.

VENTAJAS DE MEDIAR

Especialidad. Frente a la rigidez de los juzgados mercantiles, que resuelven gran variedad de asuntos, el mediador puede ser un experto en “temas sanitarios, de infraestructuras, farmacéuticos o de patente”, enumera Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación.

Confidencialidad. Otra “gran ventaja”, subraya Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, es la confidencialidad. A diferencia de las sentencias, que son públicas, los acuerdos de mediación permanecen en secreto. “Los problemas de la empresa no trascienden a la competencia”, enfatiza.

Cercanía. Otro escenario donde la mediación puede ser de ayuda, agrega Criado, es “en las empresas familiares, para la redacción de protocolos empresariales», ámbitos donde se comparten vínculos afectivos.

Agilidad. La mediación puede ser útil en momentos críticos de la vida de una entidad, como la creación de la sociedad, la incorporación de nuevos inversores o cuando “se afronta su disolución, cierre o traspaso”, señala Pilar Molinero, gerente del Instituto Aragonés de Fomento.

Notarios. Los notarios pueden mediar desde 2012. “En el ámbito mercantil ejercen de mediadores en pugnas entre socios y entre empresas, o con clientes, proveedores o trabajadores”, destaca Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña.

FUENTE:  CINCODÍAS