Los inspectores recibirán primas de Trabajo por vigilar el cumplimiento empresarial de la reforma laboral y las obligaciones derivadas de los ERTE.

La reforma laboral entra en vigor a lo grande; una prima de seis millones de euros para los inspectores de Trabajo que se encarguen de vigilar que las empresas cumplan la nueva norma y de sancionar los incumplimientos.

Durante los últimos meses, los inspectores de Trabajo han estado exigiendo más medios humanos y materiales para desarrollar su función, cosa que ha llevado a que el Gobierno se comprometa a destinar más medios en el mes de junio.

Aunque no se trate un acuerdo que resuelva las demandas de los inspectores, este pacto, propuesto por Yolanda Díaz, ha sido mayoritario y se trata de una medida de productividad extraordinaria con “carácter inmediato”. El incentivo de 6 millones de euros en primas se repartirá de forma homogénea por grupos de funcionarios, con cuotas de entre 1.100 y 2.100 euros a pagar en junio y a finales de año.


 Los principales objetivos de los inspectores de Trabajo, objetivos de “máximo interés”, serán:

        asegurar que las empresas implementen la reforma laboral entrada en vigor,

        comprobar las obligaciones derivadas de los ERTE de la normativa del COVID-19,

        comprobar el cumplimiento del plan contra la siniestrad mortal,

        asegurar la implementación, por parte de las empresas, de notificaciones electrónicas, y

        asegurar que las empresas reduzcan el tiempo de tramitación de expedientes.

Cabe decir que la oferta de Díaz también incluye la incorporación de 200 interinos, propuesta que fue aceptada por la UGT y CSIF, mientras que CCOO y el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social rechazaron. 

A raíz del abuso del sector privado y público de los contratos temporales, el objetivo nuclear de la reforma laboral es el de reducir la temporalidad en el mercado laboral español. La reforma establece que todos los contratos serán ordinariamente, indefinidos, reconfigurando las modalidades. Con esto, también se fija un catálogo de infracciones y multas que llegan hasta los 10.000 para las más graves. Y las empresas de trabajo temporal (ETT) tampoco se salvan: se establecen novedades para que las infracciones en la contratación por no seguir el procedimiento se consideren por cada persona trabajadora afectada.

Ciertamente, los asesores consideran muy compleja la adaptación de las empresas a este nuevo marco.

«La mayor parte de las consultas están orientadas a la adaptación de las políticas de contratación de las empresas a la nueva regulación«, explica David Díaz, socio laboral de Baker Mckenzie. «No resulta sencillo por la propia actividad de las empresas y por la complejidad de la norma y su régimen transitorio. Por otro lado, el estudio de las posibilidades que otorga la figura del fijo discontinuo«.


FUENTE ADADE CENTRAL