El gobernador propone que la inflación subyacente también sirva para las cláusulas de salvaguarda

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propone que, la negociación de la subida de los salarios se aborde con una perspectiva «plurianual» y que en ella patronal y sindicatos dejen fuera de la referencia de la inflación los componentes energéticos. El objetivo -ha explicado- es evitar que los efectos del encarecimiento de estos productos derivado de la guerra de Ucrania se enquiste en la economía española en forma de espiral de precios.

Así lo ha expresado el gobernador en un desayuno de trabajo con el sector empresarial organizado por Hill & Knowlton. En particular, el Banco de España considera imprescindible que, para afrontar las consecuencias económicas vinculadas a la guerra en Ucrania, empresas y trabajadores acuerden «un pacto de rentas» que permita «repartir» entre ambas partes los costes y «la merma de rentas» derivada de la inflación. En suma: moderación de salarios y de beneficios y protección del empleo.

Como parte de este pacto de rentas, el Banco de España propone evitar «fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o cláusulas de salvaguardia» y enfocar los compromisos de incrementos salariales y de protección de empleo desde una perspectiva plurianual. En todo caso, dentro de este «horizonte multianual» las referencias para la negociación salarial deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos, Hernández de Cos. «La determinación de las referencias nominales sobre las que basar las negociaciones salariales debería estar inspirada en la evolución prevista de la inflación subyacente«, que excluye los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados, según el planteamiento del gobernador. «Estas recomendaciones se extenderían tanto a las referencias utilizadas para la fijación de los incrementos salariales como, de acordarse, a las posibles cláusulas de garantía salarial», ha añadido Hernández de Cos.

Datos de inflación

Con los datos de febrero, la tasa de inflación española subió hasta el 7,6%, mientras que la inflación subyacente se situó bastante por debajo, en el 3%. Para el conjunto de 2022 la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la inflación media se situará este año en el 6,8%, y prevé una tasa del 3,1% para la subyacente. Dado el elevado nivel de incertidumbre, las previsiones de inflación de Funcas no llegan más lejos. Interpretando la propuesta del gobernador, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que en estos momentos negocian patronal y sindicatos para, en principio, el periodo 2022-24 debería guiarse por el objetivo de una mejora final equivalente a la evolución de la inflación subyacente para cada uno de estos tres años.

Algunos de estos argumentos, de hecho, ya circulan en la actual mesa negociadora de los agentes sociales. El propio discurso del gobernador recuerda que «el II AENC 2012-14, firmado a principios de 2012, estableció recomendaciones salariales que excluían, en caso de aumentos de precios de los productos energéticos, como los actuales, el componente energético de inflación en los acuerdos salariales».

Estas directrices -ha añadido el gobernador- «deberían acompañarse con compromisos explícitos» de moderación de los márgenes empresariales. «Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida de renta», dentro del pacto que exige afrontar el «empobrecimiento» que sufrirá la economía española como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El Banco de España percibe que este reparto de los costes entre trabajadores y empresas ya estaría produciéndose. «Por el lado de los trabajadores es indudable que estos están perdiendo poder adquisitivo», ha señalado el gobernador. Por el lado de las empresas, la última Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE), correspondientes al último trimestre de 2021, muestra que solo el 30% de las empresas han trasladado a sus precios de venta el encarecimiento de los costes. Esa misma encuesta, no obstante, avanzaba que el 60% de las empresas prevé subir sus precios a lo largo de 2022 en respuesta al incremento de los costes de suministros, energéticos y laborales.

FUENTE: LEVANTE