Más de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia viven en España acuciados por las deudas, el incremento de costes y gastos, de cotizaciones, con más créditos que ayudas, bajo la precariedad estructural de su trabajo

Ser emprendedor en España es ya más que una odisea, es prácticamente un imposible. La presión fiscal que soportan, la subida de cotizaciones sociales que no cesa, el golpe de la pandemia –de la que decenas de miles no se han recuperado aún–, la presión inflacionista, el despegue imparable e inasumible de costes y gastos y el remate final de la guerra de Ucrania han puesto al límite a un colectivo esencial en la economía española, que agrupa a más de 3,5 millones de trabajadores y que se ha colocado al borde del desastre pese a que su número sigue creciendo. Más que nada, porque para muchos de ellos es la única salida a un mercado laboral que les ha expulsado del estrato de los asalariados.

Pero las dificultades se han multiplicado y las trabas parecen ya infinitas. Asumir la condición de trabajador por cuenta propia en las actuales condiciones de la economía es afrontar un impacto en los costes y gastos con un incremento de más del 40% –sobre todo por culpa de los precios de la energía y los carburantes–, afrontar unas cotizaciones sociales que el Gobierno se ha negado a congelar, una presión fiscal que continúa al alza y unas contrapartidas –en forma de prestaciones y pensiones– que se sitúan por debajo de la media. Y si además se es societario y se tienen trabajadores a cargo y solo se les puede pagar el salario mínimo, su incremento en los dos últimos años ha sido exponencial. Entre 2016 y 2022, el salario mínimo interprofesional (SMI) pasó de 655 a 1.000 euros, completando un incremento del 52,6%. En ese mismo período, el incremento fue solo del 13,1% en Holanda y Grecia, y aún menos en Alemania, Bélgica y Francia.

La escalada de precios torpedea directamente a 1.100.000 autónomos, uno de cada tres

Sin embargo, este espectacular aumento del SMI no ha venido acompañado de un incremento similar de las cuantías de las contrataciones de las Administraciones públicas, de sus empresas y de sus organismos oficiales –cuya mayoría de la base de contratación se realiza con autónomos–, que continúan congelados y sin actualizaciones al menos desde 2018, y en algunos casos hay que remontarse más años atrás. Las asociaciones de autónomos al unísono (ATA, UPTA y Uatae) no cejan en reclamar al Ejecutivo que las Administraciones indexen la subida del SMI a los contratos públicos, tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las pymes, que se ven igualmente afectadas. Decenas de miles de autónomos que tienen contratos con multitud de ayuntamientos y demás administraciones públicas prestan sus servicios de limpieza, recogida de residuos, jardinería, cuidado y dependencia o mantenimiento, entre otras, con las mismas condiciones en los contratos de prestación de servicios que antes de la subida, por lo que han sido ellos y no las instituciones públicas los que han tenido que asumir este incremento sobre los trabajadores que tienen contratados, acuciados ahora por la inflación


Precisamente, esta presión de los precios desbocados ha puesto a este colectivo contra las cuerdas. Muchos no se habían recuperado aún de la pandemia y ahora han sido absorbidos por la espiral inflacionista –agravada el nuevo golpe que ha supuesto la guerra de Ucrania–. ATA reclama al Gobierno «una respuesta inmediata» para paliar la «insostenible» situación de los autónomos afectados por el alza de la energía, con «un plan ad hoc con ayudas específicas para el colectivo». La respuesta gubernamental ha sido un nuevo plan con más créditos ICO –pese a que aún ni siquiera se ha ejecutado el anterior plan, del que sobraron alrededor de 3.000 millones, que han vuelto a las arcas de Hacienda– y menos ayudas directas.

«La escalada incontrolada de los precios afecta directamente a 1.100.000 autónomos, uno de cada tres. E indirectamente a todos. Es insostenible. Muchos autónomos, que aún no se habían recuperado de la baja actividad en la pandemia, reciben estos precios como la puntilla que les faltaba para tener que cerrar sus negocios», ha denunciado en infinidad de ocasiones Lorenzo Amor, presidente de ATA, que también ha cargado contra el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que pretende poner en marcha el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Su intención, además del aumento de las cuotas y de la recaudación, es incrementar las pensiones de este colectivo, muy por debajo de la media de los trabajadores del Régimen General. Sin embargo, y según las cuentas de ATA, la reforma propuesta por el Gobierno «recortaría un 30% las prestaciones de los autónomos con menos ingresos». Para Amor, la propuesta de reforma del RETA, pese a los cambios realizados en las consiguientes propuestas, «es inasumible, tiene afán recaudatorio, es más injusta que el sistema actual, genera desigualdades y es, en definitiva, una reforma que llevaría a los autónomos a la ruina y supondría el hachazo definitivo para muchos».

Las tres asociaciones reclaman el dinero devuelto del plan de ayudas directas. El Gobierno calla

No lo comparten así desde UPTA. Su presidente, Eduardo Abad, cree que es la única salida para que el sistema de cotización «sea justo y equitativo, y se adapte a los ingresos de cada autónomo. Que los que menos ganen coticen en la medida de sus posibilidades y los que tienen ingresos superiores contribuyan en mayor medida». Entiende que así la cotización se elevaría sustancialmente y, así, también pensiones y prestaciones.

Lo que está claro es que la pensión media de jubilación del régimen de autónomos está 567 euros por debajo de la del general, una diferencia que recuerdan ha aumentado en los últimos años y que los representantes gubernamentales han presentado como principal razón para el cambio del sistema de cotización, con el que pretenden acabar con una de las principales brechas de desprotección. Según datos de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.398,5 euros mensuales frente a los 831,16 euros de la de autónomos, una brecha de casi el 40% o esos 567,34 euros, situación es peor aún entre las mujeres. «Lo que deben hacer es destopar el límite impuesto a los mayores de 47 años, así sí que se incrementarían las pensiones», insiste Amor.

El RETA mantiene un crecimiento sostenido del número de afiliados tras sumar en marzo 7.878. Sin embargo, esta cifra es prácticamente la mitad del crecimiento registrado en marzo de 2021, cuando el régimen de autónomos creció en 15.245 personas, el peor dato registrado desde el año 2013, sin contar marzo de 2020. En la misma línea, Abad recuerda que sigue habiendo sectores «heridos de muerte», como el textil o el del calzado porque «venden sus productos prácticamente al mismo precio que para la venta online para competir con este canal, lo que les está llevando a la quiebra». Para Uatae, las cifras «no pueden hacernos olvidar la precariedad estructural en la que se realiza el trabajo por cuenta propia»

Las tres asociaciones reclaman que el dinero que quedó suspendido del plan de ayudas directas de la pandemia –esos 3.000 millones de euros han sido devueltos– se reutilicen ahora a través del plan de choque para apoyar a los «sectores más afectados, no como en el anterior, que en ningún momento fueron ayudas directas, sino subvenciones, ni tampoco se facilitó su acceso a autónomos y pequeños empresarios por culpa de la burocracia y el exceso de requisitos», recalca Lorenzo Amor.

En este contexto, los autónomos ven el futuro con incertidumbre. Según la última encuesta del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, publicada esta misma semana, casi el 90% ve el futuro con pesimismo; el 81% tiene mayores costes en este ejercicio; un 41% vende menos que el año anterior; el 42% se enfrentan a problemas de liquidez y el 97% pide una bajada de impuestos para salvar sus cuentas. En resumidas cuentas, ser autónomo es casi una heroicidad.

FUENTE: LA RAZÓN