Todos los trabajadores, incluidos los autónomos, podrán adherirse a estos planes de pensiones de promoción pública, gestión privada y que incluyen beneficios fiscales. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo con el objetivo de impulsar la previsión social complementaria.

Este anteproyecto de ley, que ha pasado por el Consejo de Ministros en su primera vuelta, responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al «actual modelo de previsión social complementaria» e «impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones» a los que debería dotar «de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado». 

Esta reforma también se recoge en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo de la nueva normativa es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes. Además, a través del impulso público de los fondos de pensiones, de la negociación colectiva y de la promoción de planes por asociaciones de autónomos y colegios profesionales, se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual. 


La reforma se acompañará de una modificación de los incentivos fiscales, de forma que se traslade el beneficio fiscal hacia los partícipes.

En primer lugar, la norma prevé la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores. Además, las entidades gestoras y depositarias serán seleccionadas mediante procedimiento abierto y su tamaño les permitirá una mayor eficiencia y, por tanto, unas comisiones más bajas. Estos fondos tendrán una gobernanza específica, con comisiones de control propias.

Los activos de los fondos de pensiones públicos serán invertidos exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

En segundo lugar, se facilita la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial se convertirán en el instrumento clave de impulso. Se habilita así normativamente a la negociación colectiva sectorial para que establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector.


La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Además, para facilitar la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones se pondrá en marcha una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla.

Finalmente, la normativa se acompañará por una modificación de la fiscalidad de estos productos, focalizando en los planes de empleo los beneficios fiscales, siguiendo la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre beneficios fiscales. En los presupuestos de 2022 ya se focaliza en los planes de empleo la deducción en el IRPF al elevarse a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, en total la suma de todas las aportaciones será de 10.000. En el caso de los trabajadores autónomos, la deducción debe estar en línea con la suma de ambas deducciones.

José Luis Escrivá, el ministro de ISSM, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anticipó una de las grandes novedades del texto. Finalmente, el límite conjunto deducible por planes individuales y colectivos -establecido en 10.000 euros en los Presupuestos para 2022- se elevará de 2.000 a 5.750 euros para los autónomos (sumando los 1.500 euros de tope establecido para los planes individuales a partir del próximo año y los 4.250 por aportaciones a un plan colectivo). Así los autónomos podrán deducirse hasta 5.750 euros al año en planes de pensiones.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros en primera vuelta, el anteproyecto de ley pasa al trámite de información y audiencia pública para recibir las contribuciones de la sociedad civil. Además, el texto será remitido al Consejo Económico y Social. Después de este trámite, volverá a pasar por Consejo de Ministros para ser remitida, una vez se produzca su aprobación, al Parlamento. El Plan de Recuperación prevé la aprobación de esta reforma en la primera mitad de 2022.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.

Escrivá ha detallado que la futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. El ministro ha indicado que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas. La norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.


FUENTE ADADE CENTRAL